La 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos abordará entre otros temas la situación de los derechos humanos en Colombia, Honduras, Guatemala y Nicaragua, así como los temas relacionados con las personas defensoras de derechos humanos, el medio ambiente, el derecho a la alimentación y el derecho a una vivienda adecuada, todos ellos asuntos especialmente relevantes para el trabajo de PBI.
La sesión 61 del Consejo tendrá lugar en Ginebra del 23 de febrero al 31 de marzo de 2026. Síguenos en esta página y en redes sociales para seguir nuestro trabajo.
Este artículo recoge las diferentes acciones y declaraciones de PBI, implementadas a medida que se suceden, así como información sobre los contextos donde trabaja PBI y las discusiones que se llevarán a cabo en la ONU.
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Colombia
Contexto de derechos humanos en Colombia
Colombia llega a la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en un contexto de deterioro sostenido de la situación humanitaria y de seguridad, marcado por la reconfiguración del conflicto armado, la expansión de grupos armados ilegales y la cercanía de procesos electorales.
Según ACLED, Colombia se encuentra entre los 15 conflictos armados más intensos del mundo. En 2025 se registraron 78 masacres con 256 víctimas, y a mediados de enero de 2026 ya se habían reportado 5 masacres adicionales. En febrero de 2025, La Defensoría del Pueblo identificó al menos 11 focos críticos de emergencia humanitaria, con presencia de actores armados ilegales en el 73% del territorio nacional. Entre ellos varios territorios donde PBI hace presencia como Chocó, Antioquia, Putumayo, Magdalena Medio, Cauca y Pacifico vallecaucano (Buenaventura y zonas rurales aledañas).
A casi 10 años de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, su implementación continúa siendo incompleta y desigual. Por lo que atañe la Política Pública de Paz Total, se han abierto importantes espacios de diálogo con distintos actores armados, pero a la fecha persisten graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en particular en lo relativo al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes Particularmente vulneradas resultan ser las juventudes de las comunidades étnicas y campesinas.
La Defensoría del Pueblo reportó 177 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en 2025, siendo los sectores comunales, indígenas y comunitarios los más afectados. Entre enero y junio de 2025 el Programa Somos Defensores documentó además 342 agresiones, incluidas amenazas, desplazamientos forzados, atentados y desapariciones forzadas. A eso se suma un control social y territorial ejercido por estructuras armadas, a menudo en territorios ricos de biodiversidad y recursos naturales, objeto de interés tanto de actores armados ilegales como de empresas nacionales y trasnacionales. Asimismo, persisten graves denuncias sobre cooptación e infiltración de comunidades y formas de autogobierno propio de las comunidades étnicas y de sus territorios, por parte de estructuras armadas, que están así legalizando el despojo de tierras y recursos. En este sentido, urge avanzar con el reconocimiento y fortalecimiento de las medidas colectivas de (auto)protección puestas en marcha por organizaciones, colectivos y comunidades.
Se registran algunos avances relevantes, como la aprobación de la Ley de Mujeres Buscadoras (2024) y su decreto regulatorio (enero de 2026), y la aprobación de la Política Pública de Desmantelamiento de estructuras armadas (2025) y progresos en la restitución de tierras. No obstante, persisten importantes retos en materia de implementación de las medidas y leyes aprobadas, con dificultades de articulación, sobre todo a nivel local. Mientras que en muchas zonas rurales, comunidades y procesos organizativos siguen denunciando ausencia estatal.
Colombia en el consejo de ddhh
En esta sesión del consejo, la Oficina del Alto Comisionado presentará su informe anual, detallando sus actividades en 2025 y la situación de derechos humanos en Colombia. Esta presentación será seguida de un Debate General donde estados y sociedad civil podrán expresarse.
Evento paralelo sobre Colombia
En cooperación con la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia (OIHDACO), PBI organizará un evento paralelo en las naciones unidas que abordará el impacto del aumento de la violencia territorial en Colombia durante el periodo electoral, que afecta especialmente a personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales y comunidades.
Guatemala
Contexto de derechos humanos en Guatemala
Guatemala llega a la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos ante una fragilidad democrática estructural. El gobierno de Bernardo Arévalo intenta restaurar la institucionalidad, pero persisten redes de poder que controlan sectores clave, especialmente el sistema judicial. La situación se ha agravado por violencia y disturbios penitenciarios que han llevado a estados de excepción y se perciben como intentos de influir en las actuales elecciones judiciales de 2026.
La crisis de independencia judicial es un eje central de preocupación. Mecanismos internacionales—OACNUDH, CIDH y CERD—han documentado la utilización del sistema penal cooptado para perseguir a operadores judiciales independientes, periodistas, defensores de derechos humanos y autoridades indígenas. Se observan procesos penales falsos, abuso de prisión preventiva y una atmósfera intimidatoria que inhibe la participación en la selección de altas autoridades judiciales, amenazando el Estado de derecho.
Las personas defensoras de derechos humanos e indígenas siguen sufriendo un deterioro continuo: ataques, amenazas, criminalizaciones y asesinatos aumentan, afectando especialmente a defensores del territorio y medio ambiente. Autoridades ancestrales son encarceladas o exiliadas por defender la constitución, sus derechos colectivos y territorios tras la crisis postelectoral de 2023. Este patrón se ve reforzado por proyectos extractivos y desalojos forzosos sin consulta previa, contraviniendo la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y resoluciones judiciales.
Guatemala en el consejo de ddhh
En esta sesión del consejo, la Oficina del Alto Comisionado presentará su informe anual, detallando sus actividades en 2025 y la situación de derechos humanos en Guatemala. Esta presentación será seguida de un Debate General donde estados y sociedad civil podrán expresarse.
En julio 2025, el relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, Balakrishnan Rajagopa, visitó Guatemala y presentará su informe de visita en la sesión del consejo. Tras su visita oficial al país, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada alertó sobre el uso sistemático de desalojos forzosos que afectan de manera desproporcionada a comunidades indígenas y rurales, y exhortó al Estado de Guatemala a establecer una moratoria sobre los desalojos hasta garantizar salvaguardas legales efectivas, procesos de consulta adecuados y mecanismos de protección de derechos humanos.
Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) también expresó preocupación por los desalojos forzosos y pidió al Estado que adopte medidas efectivas para proteger a los Pueblos Indígenas, respetando plenamente sus derechos, incluso mediante una moratoria hasta que se complete el reconocimiento, la regularización y la titulación colectiva de sus tierras y recursos.
Evento paralelo sobre Guatemala
PBI en cooperación con ISHR, PICI, Jotay y Franciscans International tendrá un evento paralelo “Retos y recomendaciones para garantizar el derecho a la vivienda adecuada” el 5 de marzo a las 14h en el palacio de naciones.
Este evento contará entre otros con la participación del relator sobre el derecho a una Vivienda adecuada y de Sandra Calel, representante de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas, y será moderado por Yannick Wild de PBI.
Gira de persona defensora a Ginebra
PBI tendrá la visita de la defensora Sandra Calel, representante de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas.
Honduras
Contexto de ddhh en Honduras
Honduras presenta avances muy limitados respecto al último Examen Periódico Universal y mantiene problemáticas estructurales no resueltas que afectan desproporcionadamente a las personas defensoras, particularmente a mujeres, pueblos indígenas, jóvenes, colectivos LGTBI+ y comunidades rurales.
El Mecanismo Nacional de Protección (MNP), creado por el gobierno, sigue siendo inaccesible, ineficaz e independiente. Tras la muerte de Berta Cáceres y Juan López, los asesinatos de defensores ambientales continúan; en 2024, del total de 319 víctimas registradas por la OACNUDH, el 47 % fueron personas defensoras de tierra y medio ambiente, con amenazas de autoridades estatales, élites empresariales, empresas extractivas o crimen organizado.
Las mujeres defensoras, especialmente indígenas, enfrentan riesgos agravados en un contexto machista; Honduras tiene una de las tasas de feminicidio más altas del mundo, con una mujer asesinada cada 24 horas. La corrupción sistémica, la captura institucional y la fragilidad judicial erosionan el acceso a la justicia, generando impunidad y desincentivando denuncias. Las restricciones al espacio cívico se dirigen contra actores que cuestionan intereses económicos o políticos; el modelo de desarrollo extractivo y agroindustrial carece de consulta previa y participación real, lo que lleva a persecución penal, estigmatización y violencia contra quienes defienden el territorio.
El reciente informe sobre el asesinato de la defensora Berta Cáceres del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), confirma una vez más la urgencia de abordar las causas estructurales que perpetuan la conflictividad territorial en Honduras y la necesidad de poner atención en la responsabilidad empresarial y de los bancos internacionales de desarrollo en los ataques contra las personas defensoras.
Honduras en el consejo de ddhh
En esta sesión del Consejo, la Oficina del Alto Comisionado presentará su informe anual, detallando sus actividades en 2025 y la situación de derechos humanos en Honduras. Esta presentación será seguida de un Debate General donde Estados y sociedad civil podrán expresarse.
En el marco del HRC61, tendrá lugar la adopción del Examen Periódico Universal sobre Honduras. Honduras tiene pendiente decidir si adoptar o notar 243 recomendaciones centradas en garantizar la protección efectiva de personas defensoras, combatir la impunidad mediante investigaciones independientes, fortalecer la independencia institucional, asegurar elecciones creíbles, abordar la violencia de género y resolver los conflictos territoriales y ambientales conforme a estándares internacionales, entre otras.
Nicaragua
El contexto de derechos humanos en Nicaragua
El preocupante autoritarismo del gobierno de Ortega-Murillo ha erosionado el estado de derecho, derogando la independencia judicial y legalizando la estructura represiva con la reforma constitucional (2024/2025). Las libertades fundamentales, civiles y políticas están restringidas y se producen arrestos arbitrarios sin garantías procesales a disidentes, periodistas, y defensores de DDHH.
El Estado de Nicaragua muestra una política deliberada para silenciar la disidencia dentro y fuera del país y consolidar un poder absoluto mediante la violencia. El creciente número de desapariciones forzadas es profundamente inquietante, como ha denunciado recientemente el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN) ha documentado desapariciones forzosas y amenazas de muerte, así como expulsiones de persona críticas, privación de nacionalidad, y denuncia el grave número de violaciones transnacionales de Derechos Humanos acontecidos a las personas en exilio, como el caso del asesinato del activista y opositor Roberto Samcam en Costa Rica. Algunas violaciones documentadas constituyen, “prima facie”, crímenes de lesa humanidad. Todo esto, sin olvidar la gran situación de vulnerabilidad y amenaza a la integridad de los pueblos indígenas y afrodescendientes forzados a desplazarse a Costa Rica.
Los Expertos también señalaron el retiro sin precedentes de Nicaragua de cinco agencias clave de la ONU, así como del Consejo de Derechos Humanos, como parte de una estrategia para evadir el escrutinio y consolidar la impunidad.
Por lo que atañe la sociedad civil, el Grupo de Reflexión de Excarcelados políticos elaboró un informe sobre la persecución y estigmatización que viven después de la excarcelación, las personas que han sido presas políticas.
La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, en su informe sobre el periodo 2018- 2024, identificó represión y persecución contra estudiantes y profesores; el cierre de universidades por motivos políticos, la negación de la documentación académica a estudiantes que se han visto obligados a abandonar los estudios y el irrespeto a la Autonomía universitaria.
La Colectiva Feminista Las Malcriadas, en coalición con el Movimiento Autónomo de Mujeres denuncian en su último informe la falta de interés del Estado para combatir la violencia machista, causa de 341 femicidios, y más de 20 mil hechos de violencia sexual en el periodo de 2020-24.
Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos
A finales de octubre del 2025, El GHREN pidió a la comunidad internacional que exija responsabilidades al Gobierno de Nicaragua por graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales al presentar por primera vez sus conclusiones ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
En su labor por la promoción y la protección de los Derechos Humanos en Nicaragua, el Consejo ha renovado el mandato del Grupo de Expertos de la ONU sobre este país, el cual presentará su informe exhaustivo (A/HRC/61/56) durante el HRC61. El 16 de marzo es la fecha del diálogo interactivo con estados, expertos y observadores. Se evaluará la evolución de las recomendaciones previas dirigidas al Gobierno de Nicaragua.
Evento paralelo
El 18 de marzo de 2026 a las 15h tendrá lugar el evento paralelo “Nicaragua: Impacto de las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas en los derechos humanos”. Se examinará los patrones recientes de detenciones arbitrarias por razones políticas, incluidas las desapariciones forzadas, las violaciones del debido proceso y los regímenes de liberación restrictivos, así como su impacto diferenciado en los grupos vulnerables y las familias de los detenidos, dentro de la actual crisis de derechos humanos desde 2018. Este evento es convocado por el Colectivo 46/2, una red de incidencia internacional por los Derechos Humanos en Nicaragua, de la cual PBI es parte.
Contará con los testimonios de dos personas víctimas de privación arbitraria de la libertad por motivos políticos. También participarán tres representantes de la Sociedad Civil: Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-D), Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) y el Colectivo Nicaragua Nunca Mas, cuyo análisis se enriquecerá con los aportes de una persona experta del GHREN, quien ofrecerá una perspectiva basada en los hallazgos del mandato.
Kenia
El contexto de derechos humanos en Kenia
El panorama político y cívico de Kenia se caracteriza por la persistente preocupación del público por la rendición de cuentas, la respuesta del Estado a la disidencia y la reducción del espacio cívico. Las injusticias sin resolver—entre ellas asesinatos, desapariciones forzadas y denuncias de impunidad sistémica—siguen minando la confianza de la población en las instituciones gubernamentales. La dinámica de la sociedad civil en 2025 otra vez se vio fuertemente marcada por la movilización cívica liderada por la juventud., A pesar de las garantías de las autoridades de que las concentraciones se desarrollarían de forma pacífica, informes indican que las manifestaciones en 2025 fueron interrumpidas por el uso de gases lacrimógenos y munición real, así como la incursión en las manifestaciones por grupos de choque supuestamente contratadas para causar caos y violencia en las manifestaciones. Como en el 2024, las manifestaciones resultaron en muertos y heridos. Personas involucradas en manifestaciones fueron detenidas durante y después de los eventos de manera arbitraria. Estas medidas provocaron impugnaciones legales y un debate público en torno a la libertad de expresión, la independencia de los medios de comunicación y el derecho a la reunión pacífica.
Kenia en el consejo de derechos humanos
Kenia ganó su sede en el consejo de derechos humanos para el periodo de 2025-2027, a pesar de la crítica global en torno a violaciones de derechos humanos en el país en 2024, la mayoría de las cuales siguen impunes.
En agosto 2025, la relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, junto con los procedimientos especiales sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión, los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y detención arbitraria, comunicó al gobierno keniata sus preocupaciones sobre medidas drásticas contra los medios de comunicación, detenciones arbitrarias de personas defensoras, deportación de una persona defensora, ataques contra una organización de derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza.
Relatoría Sobre personas defensoras de ddhh
Informe Temático
La relatora sobre personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, publicó su informe temático Defensa de la dignidad y reivindicación de derechos: los defensores de los derechos humanos se reafirman en los valores universales mientras otros les dan la espalda. En ese informe describe una crisis profunda del sistema internacional de derechos humanos y, en particular, de la situación de quienes los defienden, pues el sistema internacional de protección también está en una crisis estructural, con mecanismos lentos y limitados. El retroceso democrático, la represión creciente y la falta de compromiso estatal con el derecho internacional han reducido el espacio cívico, en un contexto donde en 2024 se registraron al menos 625 asesinatos o desapariciones de defensores y periodistas, la cifra más alta conocida.
La crisis se agrava por fuertes recortes de financiación en 2024 y 2025, que han debilitado la protección, el apoyo psicosocial, la asistencia jurídica y la capacidad de monitoreo de las organizaciones; el 77 % de los defensores afirma haberse visto afectado. Al mismo tiempo, muchos Estados restringen el acceso a recursos y criminalizan la cooperación internacional. Mientras, aunque las normas internacionales de derechos humanos siguen siendo una referencia moral y jurídica para los defensores, su credibilidad se cuestiona crecientemente ante las respuestas desiguales de la comunidad internacional a crisis graves y la falta de aplicación efectiva.
La Relatora Especial plantea reforzar de forma urgente el sistema de protección de quienes defienden los derechos humanos. Sus recomendaciones se orientan a que los Estados cumplan efectivamente el derecho internacional, garanticen financiación sostenible y pongan fin a leyes o prácticas que criminalizan a la sociedad civil. También subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos internacionales, hacerlos más accesibles, rápidos y eficaces, y mejorar su coordinación con redes locales de protección.
Renovación del mandato
El Consejo de Derechos Humanos discutirá en esta sesión la renovación del mandato de la relatoría sobre personas defensoras. En 2023, la membresía del Consejo había adoptado la renovación del mandato con la resolución HRC/RES/52/4 por consenso.
Además, en esa sesión se eligirá una nueva titular del mandato para seguir a Mary Lawlor. El grupo consultativo recomendó tres candidaturas, en primer lugar a la politóloga colombiana Andrea Bolaños Vargas. Ha sido consultora principal para diferentes agencias y Equipos país de Naciones Unidas, como ONU Mujeres y la Oficina del Coordinador Residente en Panamá y Guatemala, así como acompañando a organizaciones de la sociedad civil en América Latina en la incidencia ante diferentes órganos de tratados de Naciones Unidas y el Examen Periódico Universal.Ha trabajado con el Movimiento de Mujeres Guatemaltecas T’zununij’a en el desarrollo de indicadores para dar seguimiento a las recomendaciones de la CEDAW y el EPU (2018).
Los otros candidatos son Onesmo Olengurumwa, Coordinador Nacional Fundador y Secretario de la Junta Directiva de la Coalición de Defensores de los Derechos Humanos de Tanzania (THRDC) en la República Unida de Tanzania, y Sarah Leah Whitson, Directora Ejecutiva de DAWN en los Estados Unidos de América.
Reducción de espacios para la incidencia en la ONU de Ginebra
Una amplia coalición internacional de organizaciones de derechos humanos ha enviado una carta a todas las Misiones Permanentes ante la ONU en Ginebra reclamando que se garantice la participación híbrida en las consultas informales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante 2026. Las ONG denuncian que, tras los avances logrados durante la pandemia con intervenciones en línea que ampliaron el acceso a la sociedad civil y a defensores del Sur Global, desde 2024 se han reintroducido barreras como el cobro por el uso de WebEx en negociaciones, la reducción de fondos para viajes y mayores obstáculos de visado. Alertan de que estas medidas limitan gravemente la participación de organizaciones con menos recursos y piden a los Estados que aseguren el acceso remoto a las negociaciones y que no utilicen la crisis financiera de la ONU como excusa para restringir el espacio de la sociedad civil.